Escribe: Sebastian Manuel

26 líderes indígenas de la Amazonia peruana, fueron asesinados desde el 2010 hasta el 2020, según el Instituto del Bien Común (IBC). Los conflictos entre los defensores ambientales y las actividades ilícitas como el narcotráfico, tráfico de tierras, tráfico ilegal de madera, entre otras, causaron ese trágico desenlace.

¿Los asesinatos continuarán interrumpiendo la tranquilidad de los defensores de los derechos humanos en el 2023?

Jan Jarab, representante de América del Sur de la Oficina Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que la vulnerabilidad de los defensores ambientales aumentó en la pandemia del COVID – 19. “Las actividades ilegales continuaron y el Estado peruano redujo su presencia en las zonas rurales”, dijo Jarab.

Durante el 2020 y 2021, de 13 líderes indígenas asesinados, 4 pertenecían al pueblo kakataibo. Los pueblos indígenas kakataibos y asháninkas de la selva central, fueron los más afectados por la violencia.

Frente a los riesgos que enfrentan los kakataibos, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibos (FENACOKA), Herlin Odicio Estrella, expresó: “El 2022, va a ser un año muy difícil (…) porque, como se creó la reserva kakataibo, entraremos en el campo (…) habrá enfrentamientos, amenazas y persecuciones”.

Odicio Estrella, a pesar de que recibió la Resolución Directoral Nº 010 2020 – JUS/DGDH –  que garantizaría la protección de su vida –  considera que la Policía Nacional del Perú (PNP) actúa despreocupadamente, porque no lo protege. “Espero que haya garantía real, en la práctica, no solo en el papel (…) ya que comenzará la persecución. Pueden atentar contra mi vida en cualquier momento”, reclamó.

Los 4 líderes indígenas kakataibos asesinados fueron: Arbildo Meléndez Grandez (2020) de la CN Unipacuyacu; Santiago Vega Chota (2020) de la CN Sinchi Roca; Herasmo García Grau (2021) de la CN Sinchi Roca; Yenes Ríos Bonsano (2021) de la CN Puerto Nuevo.

El 10 de enero, a las 18:00 horas, la guardia indígena kakataibo de la Comunidad Nativa Santa Marta, ubicada en la provincia de Puerto Inca, Huánuco, detuvo a Abel Ibarra Córdoba, quien confesó que es el asesino de Meléndez Grandez.

El comunicado que emitió FENACOKA a través de Facebook, indica que la captura de Ibarra Córdoba, ocurrió porque agredió a un kakataibo de 65 años. “En el caso de que el Estado no actúe, aplicaremos la justicia indígena kakataibo”, advirtió FENACOKA.

Antes, el 28 de noviembre del 2021, en la CN Sinchi Roca, situada en la provincia de Padre Abad, Ucayali, los deudos de Vega Chota, Ríos Bonsano y García Grau expresaron a la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza, que “están en el ondulante olvido”. “Solo pedimos que haya atención, nada más (…) exigimos que exista un verdadero trabajo, pero, no lo hubo”, lamentó Odicio Estrella.

“Es importante que la justicia llegue rápido, para dar el mensaje de que estos crímenes no quedarán impunes (…) la impunidad es como invitar a que ocurran nuevos homicidios”, explicó Jarab.

Es necesario mirar atrás para comprender cómo las injusticias prolongaron el pánico en los pueblos indígenas de la Amazonia, porque, el Estado no garantiza una solución para proteger  a los líderes indígenas. ¿Cuándo habrá protección? ¿O nunca la habrá?