En relación con el primer conflicto social, registrado en diciembre del 2021, los pobladores del centro poblado San Juan de Semuya, ubicado en el distrito de Honoria, Huánuco y pobladores del pueblo San Juan de Pumayacu, situado en el distrito de Campo Verde, Ucayali, denunciaron la reversión de 3,920 hectáreas de terreno en beneficio del Estado para que los transfieran a los agricultores. Sin embargo, Bosques Silvestres S.A.C. y Reforestadora Inca S.A., empresas especializadas “en actividades inmobiliarias”, se opusieron a los reclamos, señalando “ser propietarios de las 3,920 hectáreas, porque, realizaron un contrato de compra – venta que está inscrita en Sunarp”. Actualmente, el conflicto social tiene un porcentaje de 8.3%, en busca de solución.

Los actores primarios, involucrados directamente con el conflicto social son, el Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali (pueblos de San Juan de Semuya y San Juan de Pumayacu, así como Bosques Silvestres S.A.C y Reforestadora Inca S.A.). En tanto se consideran actores secundarios a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD – PCM), Prefectura Regional, DRA de Huánuco, entre otros.

Por otra parte, el segundo conflicto social, registrado en agosto del 2018, consiste en que organizaciones de pueblos indígenas y comunidades nativas de Atalaya, reclamaron al Estado peruano, atención de problemas como la titulación de tierras, priorización de la seguridad, incremento incontrolado de concesiones forestales que traen, como consecuencia, abusos en la extracción de los recursos naturales, y, también reclamos contra las empresas de hidrocarburos que producen perjuicios ecológicos.

Los actores primarios, involucrados directamente con el conflicto social son, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya (CORPIAA), Organización Indígena de la Región Atalaya (ORIA), Federación Asháninka Bajo Urubamba (FABU); en tanto que, los actores secundarios son, Municipalidad Provincial de Atalaya, Gobierno Regional de Ucayali, subprefectura de Atalaya, Aidesep, Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente, entre otros.

Finalmente, como un conflicto social considerado “latente”, la Defensoría del Pueblo, identificó el conflicto “Socioambiental”, que enfrenta la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral Yurúa – Yono Sharakoial (Aconadiysh) quien denunció la tala ilegal descontrolada de la empresa maderera Inversiones Forestales JS E.I.R.L., en la Comunidad Nativa de Sawawo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, Atalaya, Ucayali. Según, líderes indígenas de Sawawo Hito 40, Inversiones Forestales JS E.I.R.L., habría infringido las normas al ingresar a bosques de la comunidad nativa, a pesar de que no le dieron permiso.