En audiencia pasada, la jueza encontró un código del testigo protegido que difería de lo que estaba en el expediente. Este cambio no pudo ser explicado por la fiscal adjunta Vannie Robles Sajami, ya que el titular, Dennis Vega Sotelo, no asistió y, al parecer le pondría poco interés al caso, pese a los reclamos de familiares y la población que exigen justicia.

Oscar Romero Aquino, abogado de los familiares de las víctimas, explicó que el caso podría perderse y que, no habría sanciones, todo por la impericia de los fiscales Dennis Vega y su adjunta Vannie Robles.

“El testigo protegido para nuestro caso es el 001 637 2014, pero cuando esa investigación pasó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, le amplían la declaración al testigo y le asignan el código FECOR-U-001, que fue el que se entregó a la juez en vez del otro. Eso no lo supo explicar la Fiscalía. Yo lo expliqué, pero el juez me dijo que no me correspondía y tiene razón, pero no podía quedarme callado”, declaró el abogado.

La jueza, entonces decidió prescindir de la declaración de este testigo que es clave para sancionar a los responsables.

PERIPECIAS DEL PROCESO

Para el abogado Romero, el testimonio del colaborador protegido es una prueba consistente, ya que los demás elementos recogidos por la fiscalía son indicios, para probar la responsabilidad de José Estrada Huayta, presunto autor intelectual del crimen, y Eurico Mapes Gómez, acusado como autor material en los asesinatos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, que se opusieron a la red criminal que talaba el bosque ilegalmente.

Romero ha dicho: “Esa prueba, la declaración del testigo, es vital. La investigación de la Fiscalía ha sido deficiente. Durante los primeros cuatro años no se preocuparon en ver que se realicen las diligencias correspondientes y, sobre todo, que se hagan correctamente. Estoy seguro de que las declaraciones del testigo habrían dado la certeza necesaria al proceso, porque el indicio real es que el señor Edwin Chota denunciaba a estos señores por tala ilegal desde mucho antes de perder la vida. Las denuncias presentadas al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) y a otras instituciones lo respaldan”.

Agregó: “De 2014 a 2018 no se logró nada. Yo agarré el caso a mediados de 2018 y el señor Reátegui me dijo: ‘En este caso no hay nada, lo voy a archivar’, lo que me pareció alarmante porque hay cuatro muertos. Presenté mi queja a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público en Lima y le hicieron una visita inopinada al fiscal Reátegui, y descubrieron que el expediente del caso estaba atrasado y mal hecho. Esa es una de las razones por las que remueven al fiscal”, aseveró Romero.

¿QUÉ HACER?

Si bien la impunidad parece rondar este caso (desde el comienzo) el abogado Romero  que defiende a los familiares (y como parte civil está limitado por la ley), intentará superar la deficiente investigación de la Fiscalía, recurriendo a otro mecanismo para que se incluyan las declaraciones del testigo protegido y así no perder el caso. Es una vía engorrosa y dificultad al no existir el acta original que fija el código de dicho testigo, por la deficiencia del Ministerio Público.

“Para ver si me aceptan la prueba de oficio, pediré que llamen a la fiscal que levantó la primera acta con el testigo protegido y al entonces jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Julio Reátegui Urresti, quien levantó la segunda acta (FECOR-U-001) para que validen la identificación del testigo protegido e ingrese nuevamente como prueba”, dijo, precisando los pasos que va a seguir. Todo dependerá que la jueza lo acepte o no.

Si no lo acepta, el caso estará perdido.

El abogado Romero podría pedir que el fiscal Dennis Vega Sotelo y su adjunta, así como otros implicados, sean investigados por la deficiente investigación realizada por los representantes del ministerio público. “El fiscal superior me dijo que Vega y Robles no estuvieron desde el principio del proceso”, refirió, agregando: “Pero este juicio tiene casi diez años y el fiscal Vega debería conocer todo lo que ha sucedido anteriormente en torno al caso”.

El caso está contra el tiempo. Encontrándose en la etapa del juicio oral, actuación de pruebas, se pasaría a los alegatos finales y debería ser resuelto en este mes de noviembre. Una sombra de tristeza e impotencia oscurece los rostros de los familiares de los líderes asesinados y de la justicia.

Alguien se aventuró a decir, “nos siguen tratando como animales que pueden ser exterminados, no reconocen nuestros derechos; para nosotros no hay justicia”.