Ante los luctuosos sucesos que abaten al país, desde diciembre pasado, el ministerio público no podía permanecer impasible, a riesgo de convertirse en cómplice y dejar de lado su función pública de defensor de la legalidad. Las noticias están frescas. Sólo en Puno, 17 muertes. En todo el sur: 45 muertos durante las protestas para que Dina Boluarte renuncie al cargo y se cierre el Congreso de la República, adelantándose las elecciones para este año.

La propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa) por la presunta comisión de los delitos mencionados.

El ministerio público ha dispuesto las diligencias necesarias, tras registrarse 17 (en las últimas horas se dijo que había aumentado a 18) muerte en los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la ciudad de Juliaca, región Puno.

El Ministerio Público precisó que “la investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

En la investigación también se encuentra incluido el primer jefe de gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.